LAS CONTRALORÍAS INTERNAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SON AGENCIAS DE MAQUILLAJE FINANCIEROS.
Mariano Crespo (Profesor jubilado de la UPEL, Caracas, mcrespo48@yahoo.es)
La sociedad venezolana mediante el estado, y de manera mas específica el gobierno, aporta los recursos financieros para que las Universidades públicas cumplan con sus funciones fundamentales como lo son la Docencia, la Investigación y la Extensión, y dado el origen público de estos recursos que por definición corresponden a la sociedad, ella está en el ineludible deber de ejercer la contraloría social e institucional en la planificación y ejecución presupuestaria universitaria, en cuanto a la contraloría social exigiendo la rendición de cuentas a sus autoridades, y en tanto a la contraloría institucional, a través de la Contraloría General de la República, la cual dispone legalmente de los procedimientos y criterios técnicos administrativos, sancionatorios o de penalización, para garantizar una administración pulcra, transparente y pertinentes de los presupuestos asignados a la universidades autónomas y experimentales dependientes del erario público, a fin de garantizar que las mismas cumplan con el propósito que la propia sociedad les ha encomendado.
Por lo que resulta un contrasentido que las autoridades de las universidades públicas se niegan a que su gestión financiera sea objeto de supervisión y control por la sociedad misma, y por el Estado mediante sus órganos competentes, ante esta circunstancia nos preguntamos: ¿Es que estas instituciones públicas, se consideran un “Estado dentro del Estado venezolano”?, ¿Es que se manipula el concepto de autonomía para enmascarar el manejo inconfesable de los recursos financieros universitarios?.
La oculta administración de los cuantiosos recursos manejados por las autoridades universitarias ha conllevado a la conformación de verdaderas mafias depredadoras de estos presupuestos, como se evidencia en el despilfarro y el asalto al dinero correspondiente en las partidas de las “providencias estudiantiles” con los ticket del pasaje estudiantil, o con los cupos del comedor estudiantil, con el tráfico de cupos estudiantiles para ingresar como estudiantes a estas universidades que manejan los Centros de Estudiantes ( y que hasta muertes de estudiantes han causado) con el beneplácito y complacencia de las autoridades universitarias. Mención aparte merece mencionar lo que ocurre con los llamados “ingresos propios”, esto es el dinero obtenido mediante el Postgrado, Diplomados y cursos varios de Extensión, nunca se sabe cuanto ingresa y cuento se gasta, lo que si sabemos, es que este dinero constituye “la partida secreta” y “la caja chica” de la autoridades universitarias, cosa igual ocurre con los llamados “acuerdos federativos” mediante los cuales la Universidad le aporta al gremio Docente, o Sindical, una voluminosa suma de dinero el cual invierten sus directivos sin rendir cuenta y en absoluta ausencia de controles administrativos y financieros.
Ante este desaguisado las universidades públicas disponen de un servicio de contraloría interna que más que contraloría son “maquilladores de entuertos”, y mientras mejores maquilladores, más apetecibles son para las autoridades señaladas.
Ante este panorama le hacemos un llamado al Ministro para el Poder Popular de la Educación superior, al Contralor General de la República, y a los Diputados a la Asamblea Nacional a diligenciar de manera urgente, para que la Contraloría General de la República designe los representantes de este organismo a objeto de ejercer la contraloría institucional y se le provean las normas respectivas a las comunidades de las universidades para que estas puedan efectuar de manera eficiente la contraloría social de la ejecución presupuestaria de la universidades, Las agencias de maquillaje que son las contralorías internas deben ser substituidas por delegaciones de la Contraloría General de la República en las Universidades públicas, materia de particular urgencia.
Mariano Crespo (Profesor jubilado de la UPEL, Caracas, mcrespo48@yahoo.es)
La sociedad venezolana mediante el estado, y de manera mas específica el gobierno, aporta los recursos financieros para que las Universidades públicas cumplan con sus funciones fundamentales como lo son la Docencia, la Investigación y la Extensión, y dado el origen público de estos recursos que por definición corresponden a la sociedad, ella está en el ineludible deber de ejercer la contraloría social e institucional en la planificación y ejecución presupuestaria universitaria, en cuanto a la contraloría social exigiendo la rendición de cuentas a sus autoridades, y en tanto a la contraloría institucional, a través de la Contraloría General de la República, la cual dispone legalmente de los procedimientos y criterios técnicos administrativos, sancionatorios o de penalización, para garantizar una administración pulcra, transparente y pertinentes de los presupuestos asignados a la universidades autónomas y experimentales dependientes del erario público, a fin de garantizar que las mismas cumplan con el propósito que la propia sociedad les ha encomendado.
Por lo que resulta un contrasentido que las autoridades de las universidades públicas se niegan a que su gestión financiera sea objeto de supervisión y control por la sociedad misma, y por el Estado mediante sus órganos competentes, ante esta circunstancia nos preguntamos: ¿Es que estas instituciones públicas, se consideran un “Estado dentro del Estado venezolano”?, ¿Es que se manipula el concepto de autonomía para enmascarar el manejo inconfesable de los recursos financieros universitarios?.
La oculta administración de los cuantiosos recursos manejados por las autoridades universitarias ha conllevado a la conformación de verdaderas mafias depredadoras de estos presupuestos, como se evidencia en el despilfarro y el asalto al dinero correspondiente en las partidas de las “providencias estudiantiles” con los ticket del pasaje estudiantil, o con los cupos del comedor estudiantil, con el tráfico de cupos estudiantiles para ingresar como estudiantes a estas universidades que manejan los Centros de Estudiantes ( y que hasta muertes de estudiantes han causado) con el beneplácito y complacencia de las autoridades universitarias. Mención aparte merece mencionar lo que ocurre con los llamados “ingresos propios”, esto es el dinero obtenido mediante el Postgrado, Diplomados y cursos varios de Extensión, nunca se sabe cuanto ingresa y cuento se gasta, lo que si sabemos, es que este dinero constituye “la partida secreta” y “la caja chica” de la autoridades universitarias, cosa igual ocurre con los llamados “acuerdos federativos” mediante los cuales la Universidad le aporta al gremio Docente, o Sindical, una voluminosa suma de dinero el cual invierten sus directivos sin rendir cuenta y en absoluta ausencia de controles administrativos y financieros.
Ante este desaguisado las universidades públicas disponen de un servicio de contraloría interna que más que contraloría son “maquilladores de entuertos”, y mientras mejores maquilladores, más apetecibles son para las autoridades señaladas.
Ante este panorama le hacemos un llamado al Ministro para el Poder Popular de la Educación superior, al Contralor General de la República, y a los Diputados a la Asamblea Nacional a diligenciar de manera urgente, para que la Contraloría General de la República designe los representantes de este organismo a objeto de ejercer la contraloría institucional y se le provean las normas respectivas a las comunidades de las universidades para que estas puedan efectuar de manera eficiente la contraloría social de la ejecución presupuestaria de la universidades, Las agencias de maquillaje que son las contralorías internas deben ser substituidas por delegaciones de la Contraloría General de la República en las Universidades públicas, materia de particular urgencia.
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