Llamado a rodear solidariamente a la Universidad colombiana
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En los últimos meses diversos funcionarios del Estado colombiano, desde el Presidente de la República hasta un fiscal, pasando por una senadora y varios concejales de Bogotá, han señalado en sus declaraciones o decisiones, en forma genérica y sin individualizar responsabilidades, a organizaciones estudiantiles o grupos dentro de la comunidad universitaria como colaboradores de la guerrilla.
Estos señalamientos han tenido un gran eco en los principales medios masivos de comunicación del país y han creado un ambiente general de estigmatización política y social de la universidad, especialmente de las instituciones públicas. El grupo paramilitar las Águilas Negras ha aprovechado este acondicionamiento de la opinión pública para amenazar de muerte física o simbólica, como el destierro, a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En el pasado tales amenazas no sólo han tenido consecuencias mortales, sino que han conducido al control de algunas universidades regionales por este tipo de organizaciones. Asimismo han atentado contra el derecho a la protesta y a la crítica razonada de la comunidad universitaria.
La militarización de la universidad por cualquier actor armado, estatal, paraestatal o antiestatal, y la imposición de la lógica bélica en los campus, la desvirtúa como espacio del debate libre y plural de las ideas y el conocimiento, y la transforma en un escenario donde se imponen los dogmas mediante el recurso unilateral y autoritario de las armas.
La sociedad colombiana tiene una larga lista de profesores y estudiantes asesinados por organizaciones o grupos como las Águilas Negras que se consideran a sí mismos y por la sola invocación de sus credos políticos como los jueces, fiscales y verdugos de los miembros de la comunidad universitaria que condenan a muerte.
La legitimidad de un Estado como el colombiano depende, entre otras causas, de su capacidad para garantizarles a sus ciudadanos la realización o el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el caso de la universidades estas garantías deben contemplar el respeto irrestricto de la autonomía universitaria. Los funcionarios públicos tienen el deber de individualizar las responsabilidades de las personas que acusan por la comisión de un delito y de observar y hacer observar el debido proceso en cada una de sus partes.
Llamamos al Estado colombiano y a los medios de comunicación a terminar definitivamente con la estigmatización de la comunidad universitaria y a proteger, cada uno desde su competencia específica, la vida y la integridad personal de todos y cada uno de sus miembros. De igual manera, le solicitamos a la sociedad colombiana rodear solidariamente a las universidades públicas y exigir la desarticulación inmediata de grupos paramilitares como las Águilas Negras y de las redes institucionales o parainstitucionales que les sirven de soporte. La autonomía y el derecho a la protesta y la crítica de las comunidades académicas es un valor fundamental de la democracia contemporánea y su desconocimiento conlleva a la entronización definitiva del totalitarismo.
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